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Descentralización energética en América Latina: desafío climático y de combate a la pobreza

Fecha de publicación en Latinclima: Viernes, Diciembre 29, 2017
Autor institucional: LatinClima
Región: América Latina
Año de publicación: 2017
Radio HRN, Honduras
Un estudio de Icefi financiado por Hivos señala que si bien el rol central de una energía limpia, confiable, asequible y moderna ha sido reconocido en la agenda mundial de desarrollo, esto no se ha traducido en mayores flujos de recursos que permitan financiar su implementación.

Una tendencia mundial para afrontar el cambio climático ha sido el impulso de sistemas energéticos más eficientes y sostenibles, considerada también una vía importante para apoyar la erradicación de la pobreza por iniciativas como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y Energía Sostenible para Todos (See4all) de Naciones Unidas.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), para alcanzar el objetivo de acceso universal para el año 2030, al menos el 55% de toda la nueva energía deberá provenir de fuentes de energía descentralizada, entendida como  cualquier sistema en el que la producción energética ocurra en o cerca del punto de uso.

Un estudio elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y financiado por el Instituto Humanista de Cooperación para el Desarrollo (Hivos), señala que si bien el rol central de una energía limpia, confiable, asequible y moderna ha sido reconocido en la agenda mundial de desarrollo, esto no se ha traducido en mayores flujos de recursos que permitan financiar su implementación y menos aún si se trata de proyectos de descentralización energética.

Según el estudio “Financiamiento climático y descentralización energética en Centroamérica”,  América Latina recibió una quinta parte del financiamiento climático internacional entre 2003 y 2016 (USD3,303.1 millones), de los cuales solamente un 2% (USD128.4 millones) fueron para descentralización energética, pese a que se estima que  existen todavía 22 millones de personas en la región sin acceso a la energía. Asimismo, el estudio afirma que estos recursos destinados a la descentralización energética resultan marginales, ya que la mayoría se utilizan para otras actividades de mitigación y adaptación al cambio climático. De esos fondos para descentralización energética, el 17.8% fue para Honduras, un 15.8%, para México; y un 14.0%, para Haití.

De los fondos climáticos totales aprobados para América Latina, una cuarta parte se orienta al sector energético en general (USD900.8 millones). De los fondos dirigidos específicamente a proyectos energéticos, el 49.6% son para proyectos bajo la categoría de “generación y demanda energética”, un 48.0% para “generación, distribución y eficiencia energética”, y solo un 2.4% para “generación energética con fuentes renovables”.

De acuerdo con Hivos, la energía renovable puede suministrar 40 veces la energía que se necesita en todo el mundo, por lo que fuentes energéticas como el viento, el sol y la biomasa resultan vitales para la descentralización, especialmente si se considera su rol central en la lucha contra el cambio climático. De ahí que el estudio señala que “la descentralización energética representa una alternativa para que los gobiernos lleven energía a las áreas rurales, en especial en contextos con alta dispersión geográfica de la población, dificultades de acceso y limitada capacidad de pago de personas en condiciones de pobreza”.

El caso de Centroamérica

Como parte de América Latina, Centroamérica es una de las regiones más vulnerables al cambio climático. Según el  Índice de Riesgo Climático de German Watch, el país más vulnerable del mundo ante el cambio climático es Honduras; Nicaragua es el cuarto; Guatemala, el décimo; y El Salvador, el décimo cuarto más vulnerable. Las excepciones son Costa Rica y Panamá, en los puestos 75 y 107, respectivamente.

En la mayoría de los países de la región existen también diferencias en los niveles de electrificación del área rural en comparación con la urbana, con una diferencia promedio de 18.5 puntos. Los casos extremos son Costa Rica, donde la diferencia de electrificación entre ambas zonas es de apenas el 0.8%; y Nicaragua, donde la tasa de electrificación rural es del 53.9%, 38.4 puntos por debajo del área urbana. Esto implica que cerca de la mitad de la población rural de Nicaragua carece de acceso a la energía eléctrica.

Sin embargo, los recursos aprobados para la región no van en sintonía con esa realidad. Según el estudio de Icefi, entre 2003 y 2016 se aprobaron USD211.5 millones para Centroamérica, lo que representa el 0.7% de los fondos climáticos aprobados a nivel mundial y un 6.4% de los fondos dirigidos a Latinoamérica.

De estos recursos, solo USD2.35 millones fueron para proyectos de descentralización energética, lo que equivale a un 1.1% de todos los fondos para esta región y el único país al que se le han aprobado fondos para descentralización energética es Honduras, específicamente para un proyecto de infraestructura de electrificación rural.

Pese a que los países centroamericanos —con excepción de Nicaragua— tienen en general tasas de electrificación superiores al promedio mundial (84.0%), en la región aún existen cerca de 4.7 millones de personas (equivalente al 10.4% de la población total de Centroamérica) sin acceso a la electricidad, la mayoría de ellas concentradas en la zona rural.

 

 

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